VALENCIA C.F.

[ADiaz Photo]

Fasi, fasi

Si los que nos dirigen consideran que no hay que protestar, ni denunciar, ni reclamar, es que algo callan o ganan ¿No?

[RED SKIN]

El fichaje más caro del Consell

La Generalitat le ha dado más de 336 millones de euros en patrocinios, derechos de televisión y avales
18.02.13 - 02:54 -

El fichaje más caro del Consell
La fachada del viejo Mestalla, que presenta ya un aspecto deteriorado. / Irene Marsilla


El Valencia Club de Fútbol jugó a ser un nuevo rico. Los éxitos deportivos de principios de siglo dispararon las aportaciones de dinero público a un equipo que llegó a ser nombrado oficialmente como el mejor del mundo en 2004 y que ahora, casi diez años después, busca euros para poder salvar una gestión económica caótica. La ruina es una amenaza que llama a la puerta desde hace tiempo.

Los acordes del ‘Amunt València’ fueron la mejor melodía para llevar en volandas a directivos y políticos que a base de triunfos y trofeos sintieron que el progreso de Mestalla era el de la Comunitat. Porque los días de vino y de rosas si se marca gol se disfrutan mejor. Pero para hacer evidente el poder valenciano, para que la Senyera ondee por encima de Madrid y Barcelona, hace falta dinero en millones de euros. Mucho líquido que en su mayoría ha sido enterrado en fichajes y tartaletas gigantescas de hormigón a medio construir como es el nuevo (viejo ya) estadio de Mestalla.

Desde que en 1992 el Consell socialista de Joan Lerma abriera la puerta a la publicidad institucional en la camiseta del Valencia Club de Fútbol con la palmera de Mediterrània, el «equip de primera», como dicta el himno del club, ha recibido, bien vía ingreso directo o por aval de instituciones de la Generalitat para poder endeudarse, más de 335,5 millones de euros. Casi 20 millones de euros más que todo lo que tiene previsto invertir en 2013 el Gobierno valenciano en el capítulo VI de su presupuesto.

Hoy, si se pusiera todo ese dinero encima de la mesa, euro tras euro, el Valencia tendría casi suficiente para hacer frente a esa deuda de 370 millones que le estrangula. ¿Cómo se esfumaron esos cientos de millones de euros? Pues, entre otros destinos, en las operaciones de fichajes ruinosos en los que el representante, ese carnívoro de la negociación, siempre se lleva la mejor parte. Mover al jugador es sinónimo de ganancia.La locura del fútbol ha sumido al Valencia, como a muchos otros clubes, en una situación en la que la Generalitat, a través de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), es un avalista que ya tiene bastantes problemas para salvar su propia economía.

Aquella palmera turística de cuño socialista supuso una aportación al club de 140 millones de pesetas por temporada (843.000 euros). El patrocinio estuvo vigente durante dos campañas, la 92-93 y la 93-94. Se abrió, de esta manera, el peligroso precedente.

27 de junio de 1996

En mayo de 1995 aterrizó en el Consell de la Generalitat el Partido Popular de Eduardo Zaplana previo ‘pacto del pollo’ con la Unio Valenciana de Vicente González Lizondo. El club de Mestalla, que durante esa época lucha por volver a ser un grande y deambula ansioso de títulos, se convierte en una de las señas de identidad de la nueva forma de hacer gobierno. El estadio valencianista se convirtió en el tótem de un Zaplana que el 29 de febrero de 1996 llevó en volandas a José María Aznar ante 55.000 personas con el Bamboleo de Julio Iglesias.

Mestalla y Zaplana, merengón en la intimidad, se juraron amor eterno tras aquella borrachera de éxito que llevó a Aznar a la Moncloa y convirtió el acto de Valencia en el mitin de los mítines. El jefe del Consell entendió también que el éxito del fútbol también era el de la Comunitat y sin duda el del Partido Popular. Con un Valencia campeón todo iría mucho mejor.

El 27 de junio de 1996, cuatro meses después del mitin de Mestalla, Radiotelevisión Valenciana firmó el primer contrato con el Valencia Club de Fútbol para la compra de sus derechos. Un acuerdo que se extenderá desde la temporada 1998/99 hasta la 2002/03.

El contrato se tradujo en una lluvia de millones que en pesetas se contaron en más de mil. En euros, por temporada se abonaron entre 6 y 9 millones. Las cantidades fueron en aumento, aunque es cierto que los derechos se vendieron después a otras empresas del sector audiovisual y los ingresos se equilibraban.

A pesar de que las operaciones no eran del todo ruinosas, el Síndic de Comptes, órgano que fiscaliza la gestión pública de la Generalitat y de sus empresas, ya empezó a advertir de que no estaba muy claro si el precio que se pagaba por los derechos de televisión de los clubes de fútbol eran ajustados. Una cantinela que ha venido repitiendo y a la que nadie ha hecho caso.

Pagar por amistosos

El dinero público, a través de Radiotelevisión Valenciana, siguió entrando en la caja del club de Mestalla. El 15 de julio de 1998, la cadena pública formalizó un nuevo contrato con el primer equipo de la Comunitat por valor de 1,2 millones de euros para la compra de los derechos de partidos amistosos. El acuerdo era para la emisión de dos encuentros por temporada entre 1999 y 2003. Un negocio que no fue rentable ya que la venta posterior apenas dejó dinero en caja. Seis años después, en 2009, se produjo una operación similar. La empresa también suscribió un acuerdo de 1.250.000 euros, que no estaba incluido en el contrato global por los derechos de televisión, como remarcó en la Sindicatura de Comptes, para la adquisición de cinco partidos amistosos del Valencia.

Paralelamente a los contratos de televisión, la Generalitat de Zaplana plasmó sus grandes proyectos en la camiseta de un club en alza.El parque temático Terra Mítica de Benidorm se convirtió en el emblema de un Consell moderno, que apostó por el turismo y que quiso convertir la Comunitat en referencia. El logo de Terra Mítica fue el heredero de la palmera de Mediterrània con la que los socialistas abrieron la veda de la promoción a gran escala. Terra Mítica patrocinó al Valencia Club de Fútbol en dos etapas diferentes pero muy seguidas.

En las cuatro campañas en las que el parque estuvo con el Valencia los ingresos estimados rondaron los 8 millones de euros. Un acuerdo que sirvió para que varios jugadores del equipo se dejaran fotografiar en unas atracciones ubicadas en un secarral que al final no ha sido la gallina de los huevos de oros. Sólo en la última campaña, la 2002/2003, Terra Mítica (a través de la Agencia Valenciana de Turismo) aportó 2,6 millones de euros al Valencia, que salvó el blanco ariel de su camiseta con un acuerdo firmado días antes de que comenzara la temporada.

Desde ese año, nunca más la administración pública salió a salvar un patrocinio deportivo a pesar de que el club firmó acuerdos más que ruinosos con empresas enigmáticas como Valencia Experience.

Aparcada la camiseta, existía una fuente de financiación más intensa. La televisión enloqueció con el fútbol. El Valencia ingresó 175 millones de euros en sólo seis años de RTVV, que perdió 60 millones con la posterior venta a otros operadores.

29 de mayo de 2003

En esa primavera de 2003, la relación entre el dinero público y el fútbol, se disparó. El negocio, en ningún caso, fue bueno para la Generalitat, que a fin de cuentas es la institución que viene avalando a través de IVF a RTVV para que la cadena pública pueda optar a operaciones de crédito. El 25 de mayo, cuatro días antes de la firma del nuevo contrato entre Televisión Valenciana y el club de Mestalla, el PP vuelve a ganar las elecciones con Francisco Camps como cabeza de cartel. El nuevo presidente afronta su primera legislatura.

El Valencia, en ese momento, es el club de moda en toda Europa con una Liga, una Copa de Rey y dos subcampeonatos de la Liga de Campeones.

El contrato por la compra de los derechos de televisión, con una vigencia hasta 2006, se convirtió en uno de los principales ingresos para el equipo. La compra y venta de los derechos televisivos del Valencia Club de Fútbol se revelan como uno de los grandes agujeros económicos de Radiotelevisión Valenciana.

Sólo en 2003, un año en el que se compaginó el contrato antiguo con el nuevo, el Valencia ingresó 22,2 millones de euros de RTVV. Además, el equipo vuelve a ganar la Liga en la temporada 2003/2004, lo que genera un ambiente de euforia futbolística y política que no repara en gastos.

En octubre de 2004 llega un hombre del ladrillo al palco. Juan Bautista Soler, que en cuatro años, aborda un megalómano proyecto que será una losa para el club en forma de unos 370 millones de euros de deuda que aún no ha pagado. Ínfulas que se tradujeron en nuevos estadios hoy convertidos en estructuras fantasma y ciudades deportivas en Porchinos donde todavía se respira a azahar.

Las aspiraciones del club se fueron pagando, temporada tras temporada, con una suculenta inyección de dinero público por parte de RTVV, que año tras año fue engordado su deuda en varios cientos de millones de euros pese a las advertencias de la Sindicatura.

De 2004 a 2008, con Soler en la presidencia del Valencia, el club ingresó 144,4 millones por la venta de sus derechos de televisión. Hubo temporadas, como la de 2007, que se llegaron a superar los 30,3 millones de euros. La inyección económica en ningún caso se tradujo en nuevo éxitos deportivos. Más bien la crisis deportiva y social llegó a asomar al equipo al pozo de la Segunda División, con presidente y algún jugador en los juzgados y con una Copa del Rey que la afición festejó con escaso entusiasmo.

Además, se ficharon ruinas como los 25 millones de euros que se pagaron por Joaquín y los 18 millones por la ‘calidad’ de Manuel Fernandes. Ese contrato firmado en 2003 se prorrogó el 19 de julio de 2006 para llevarlo hasta 2011. El Valencia, de forma unilateral, podía romperlo al final de la temporada 2008/2009 si lo comunicaba con antelación. Así lo hizo el club por la oferta de otro operador. Por esa mitad de temporada el Valencia ingresó 18,7 millones de euros más 1,2 por amistosos y 120.000 de la previa de la Europa League.

Uno de los aspectos más curiosos en la relación económica entre RTVV y el Valencia se da en la mascota del club, en ese gigantesco murciélago que anima a los chavales antes de los partidos y que se utiliza en actos promocionales. El patrocinio del muñeco se pagó a precio de oro. Según refleja la Sindicatura de Comptes en sus informes, el acuerdo para las temporadas de 2003 a 2009 se rubricó en 1,9 millones de euros. ¡Más de 300 millones de pesetas! También se apunta en el informe otro tipo de acuerdos comerciales sin especificar.

La predilección por el murciélago no es nueva. En 1999 se selló un acuerdo por 1.021.721 euros con el Valencia para usar la mascota como soporte. Un millón de euros hasta 2003.

La ampliación de capital

En 2009, para evitar la amenaza de Dalport y que el club pudiera entrar en concurso de acreedores, se acomete una ampliación de capital de 92 millones de los que 18 son suscritos por los socios. Los 75 restantes se los queda la Fundación del Valencia a través de un crédito con Bancaja avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que depende de la Generalitat.

Posteriormente esos 75 millones pasan a ser 81. El club no puede hacer frente al pago de intereses por valor de 6 millones de euros y el IVF vuelve a avalar y se amplía el préstamo. Ahora, en 2013, se ha optado por otra fórmula: no ampliar el préstamo y que sea el IVF el que directamente se haga cargo de los intereses. El vicepresidente del Consell, José Císcar, señaló que la Fundación devolverá el dinero. Una pretensión con tintes de ilusión porque desde 1992 el Valencia se ha llevado más de 335 millones. Como dijo el conseller de Economía, Máximo Buch, «hoy no lo hubiéramos hecho».[/i]

http://www.lasprovincias.es/20130218/mas-actualidad/politica/valencia-consell-201302180254.html

[NODO SFC 1905]

Bruselas abre expediente por ayudas encubiertas a clubes españoles

EL PAÍS

FÚTBOL | LAS DEUDAS DE LOS CLUBES

Bruselas investiga al fútbol español

La Comisión sospecha que las ayudas públicas a varios clubes pueden vulnerar las normas de competencia y vuelve a advertir al Gobierno sobre las deudas con Hacienda y la Seguridad Social

CLAUDI PÉREZ Bruselas 7 MAR 2013 - 20:36 CET13

Las obras paralizadas del nuevo estadio del Valencia. / JORDI VICENT

Julio de 2011. Acosado y desprestigiado por su relación con la trama Gürtel, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quema sus últimas naves avalando préstamos por valor de 118 millones del Valencia, el Hércules y el Elche. Los tres clubes, asfixiados por las deudas, anunciarán después que no pagan esos créditos, y las entidades bancarias —Bankia, Banco de Valencia, la CAM: todas ellas les han costado ya miles de millones a los contribuyentes españoles y se han vendido o nacionalizado— ejecutan esos avales, de los que tiene que hacerse cargo la Generalitat del PP, la comunidad con el déficit más abultado. La Comisión Europea, que lleva años recabando información sobre el fútbol español, ha abierto una investigación formal que afecta a estos tres clubes, según las fuentes consultadas, pero que va mucho más allá: la estrategia de los avales —junto con otras argucias: subvenciones y demás ayudas a fondo perdido— la han empleado todas las Administraciones, autonómicas, diputaciones y Ayuntamientos. Todo eso pasará ahora por el cedazo de Competencia. Bruselas no quiere desvelar aún a quién tiene en el punto de mira. Pero las pesquisas han comenzado, y no tienen buena pinta: es muy posible que muchos de los clubes tengan que acabar devolviendo el dinero, lo que podría abocarles a la ruina.

No se trata solo de avales y subvenciones al fútbol. Los impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, una práctica habitual en el fútbol que practican incluso los clubes más ricos, están también bajo la lupa de Bruselas desde el año pasado. Al hilo de esa investigación abierta en abril de 2012, Competencia, el área que lidera el vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia, ha advertido también recientemente al Gobierno por ese segundo flanco abierto.

Una respuesta de Almunia de mediados de febrero a la Eurocámara demuestra que la Comisión “es consciente de las cantidades sustanciales en impuestos y cotizaciones que los clubes profesionales españoles adeudan a las Administraciones”. Bruselas ha solicitado ya información. Y también ha enviado cuestionarios a las Administraciones afectadas para saber si hay ayudas de Estado por el lado de los avales. “La Comisión está analizando esa información”, pero deja claro al Europarlamento que tanto con las ayudas de Estado —como las de la Generalitat Valenciana— como con las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, los clubes de fútbol “no pueden recibir un trato diferente del de otros agentes económicos”.

Las fuentes consultadas consideran que eso es, lisa y llanamente, lo que viene ocurriendo en el fútbol español. Durante años se han construido estadios por toda España con créditos blandos, avalados por las Administraciones. Ha habido un variopinto abanico de ayudas que han permitido hinchar lo que una fuente en Bruselas denomina “la burbuja del fútbol español”, que traza un extraño paralelismo con otras burbujas: al cabo, siempre ha habido varios grandes constructores al frente de equipos en España.

Fuentes de Bruselas destacan que el procedimiento se puede demorar un tiempo, pero que las primeras decisiones se podrían tomar en el plazo de un año. Tras recibir quejas, el primer paso que da Competencia es investigarlas para ver si hay base jurídica. Inmediatamente después se envían cuestionarios a las Administraciones que pueden haber concedido ayudas públicas ilegales o incompatibles con las leyes europeas: ese es el estadio de la investigación, según confirman fuentes de Competencia. Una vez Bruselas reciba toda la información, abrirá un procedimiento, el pliego de cargos al que el Estado tiene derecho a contestar. Tras examinarlo, se toma la decisión final: si las ayudas se declaran ilegales o no compatibles con los tratados —y ese parece el caso, siempre según las diversas fuentes consultadas—, el último capítulo es exigir que esas ayudas se devuelvan, total o parcialmente.

A España solo le cabe un consuelo: no es el único país con problemas. La Comisión tiene más avanzada una investigación en profundidad que afecta a cinco clubes holandeses que recibieron ayudas municipales ilegales. El NEC, el MVV, el Willem II, el poderoso PSV y el Den Bosch recibieron más de 10 millones de euros públicos que ahora podrían tener que devolver.

En relación con este caso, Almunia explicó el miércoles que los clubes profesionales “no deberían pedir ayuda a los contribuyentes ante las dificultades financieras”. “Si aún así se les da respaldo financiero, debe garantizarse que cumplan con las reglas de ayuda de Estado para empresas en dificultades: en el caso de los cinco clubes holandeses, la Comisión tiene dudas de que ese sea el caso”, dijo. Ese puede ser exactamente el caso de la investigación sobre el fútbol español. El argumento jurídico de Bruselas viene a decir que esas ayudas “distorsionan la competencia”. En la práctica, algunas entidades pueden hacer con ese dinero lo que otros solo pueden hacer con su propio bolsillo: comprar jugadores, construir estadios y, en definitiva, no jugar en condiciones de igualdad con los demás.

De confirmarse, la investigación de Bruselas y la posterior devolución de las ayudas puede ser la puntilla para algunos equipos, dado el precario estado de salud financiera del fútbol. En la última década, una veintena de clubes han tenido que acogerse a la ley concursal. Con la llegada de la crisis, las cosas han ido a peor. El prestigio futbolístico de los clubes españoles está en lo más alto. Precisamente en Bruselas, uno de los representantes de la clase media, el Málaga, le dio hace no mucho un repaso al Anderlecht, el principal club belga. Pero si en lo futbolístico España vuela alto, en lo económico hay dudas razonables sobre la viabilidad de muchos clubes, según destacaba un estudio reciente de la consultora KPMG.

Esa aparente paradoja entre la buena salud deportiva de los clubes y su pésima situación económica despierta recelos en Europa. “¿Acabarán los contribuyentes alemanes pagando el fichaje de Ronaldo?”, se preguntaba el diario sensacionalista alemán Bild hace un año. El escalofrío es lógico: el Deportivo ha suspendido pagos; el Málaga ha sido suspendido un año por la UEFA por impagos; el Valencia, el Hércules y el Elche están en manos de la Generalitat y la retahíla de problemas económicos es interminable. Con ayudas públicas o sin ellas, la burbuja es sensacional: el sector arrastra una deuda de 3.600 millones (600 con Hacienda), según el Consejo Superior de Deportes. Bruselas tiene ahora la palabra.

[MASTERMIND MORTAJER]

P.D: Putos horchateros asquerosos...

[luque10]

jooooder! una deuda de 118 millones de euros con 3 equipos, si eso pasa con la junta de andalucia ... pasaria como en el ERE nadie se entera y nadie quiere saber nada

[semilio]

Independientemente del equipo que sea, ya no solo ahora en estos tiempos sinó también en la época de bonanza, se den ayudas de organismos públicos a instituciones deportivas cuyo gasto en desorbitados sueldos supone el 80% de presupuesto me parece lamentable, una auténtica pena.

[Corleone]

Pues menos mal que nuestro presidente es una persona de moral intachable e incapaz de meter la mano en el cajón del dinero. Sea este dinero público o privado.

Ya nos podemos ir a segunda con nuestra honra intacta y la virginidad más cerrada que el chocho de una ostra.

¡Qué bien, ¿verdá?!.

[Le Tissier]

Noticia aparecida hoy en el valenciano Diario Las Provincias.

Chungo. Muy chungo lo veo. Pero muy muy chungo


Vuelta al pasado. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha triturado el actual panorama accionarial del Valencia CF, al dictar una sentencia por la cual queda anulado el aval que hace cuatro años concedió la Generalitat Valenciana a la Fundación. El fallo judicial indica el «cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas».

Es decir, salta por los aires el ya complicado escenario en el que actualmente se estaban moviendo Generalitat y Bankia, con el crédito impagado por la Fundación como caballo de batalla. La consecuencia directa de la sentencia es que el gobierno valenciano queda liberado drásticamente del aval, lo que supone un bálsamo para las arcas públicas teniendo en cuenta que todavía están pendientes de pago 81 millones de euros, con los correspondientes intereses (en total la cifra rondaría los 100 millones hasta 2015), toda una losa económica después de haber tenido que abonar 4,8 millones precisamente por los intereses de 2012.

Y la otra consecuencia es que Bankia pasa a ser de facto la nueva dueña del Valencia, ya que tras la anulación del aval del Consell no tiene más garantía que las acciones de la Fundación (70% de la propiedad).

El fallo supone un inesperado retorno al verano de 2009, fecha en la que el IVF dio el visto bueno a avalar el préstamo inicial de 75 millones de euros (luego hicieron falta otros 6 millones más al no poder hacer frente la Fundación al primer pago de intereses). En aquel momento el Valencia sólo había podido colocar en la primera ronda de la ampliación de capital social 18 millones de euros de los 92,4 que se pusieron a la venta en total. El objetivo de esta ampliación (que debía completarse en su totalidad para ser válida), era por un lado evitar con la inyección económica caer en concurso de acreedores y, al mismo tiempo, taponar el intento de acceso de Inversiones Dalport al club.

Los títulos que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general, pese a que así se llegó a planificar en un primer momento. Los compró en bloque la Fundación en una operación puesta en entredicho judicialmente por algunos accionistas. De hecho, se impugnó la ampliación en 2010 en el juzgado de lo Mercantil pero fue desestimada.

Otra querella en marcha

Mucho más reciente ha sido la presentación de una querella, que sigue en proceso, por parte de Andrés Sanchis contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles basándose en supuestos delitos de estafa, malversación y delito societario al creer que de una forma u otra «maquinaron una operación para permitir a la Fundación que se quedara con ese gran paquete de acciones».

Pero ha sido ahora cuando un grupo de socios valencianistas ha conseguido dar el mayor revolcón en la historia de la entidad y agitar todavía un poco más la ya de por sí nerviosa situación social. Estos socios aspiraban a ejercitar su derecho de suscripción preferente de las acciones que sobraron después de aquella primera oferta de ampliación. Al quedarse con las ganas porque no pudieron acceder a ninguno de los títulos, iniciaron en marzo de 2010 un litigio que tres años después ha acabado dándoles la razón, si bien cabe la opción de que el Instituto Valenciano de Finanzas presente un recurso de apelación.

A la hora de argumentar la sentencia, la magistrada-juez ofrece argumentos para fundamentar su impactante escrito. En primer lugar considera que la operación por la que el IVF avalaba no sólo era gratuita sino que, además, entrañaba ciertos riesgos. Dictamina la juez que de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana, nunca se hubieran podido asumir dichos riesgos.

Se excedieron los límites

Al respecto especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF, que era el órgano competente. Recuerda una circunstancia que ha resultado obvia en los últimos meses, como es el hecho de que no consta que la Fundación «haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas». En su día, la primera intención era que el Valencia fuera inyectado a la Fundación en concepto de donación anual más o menos el dinero que hiciera falta para pagar los intereses. La amenaza de cometer una asistencia financiera ilegal echó abajo todo el plan y empezaron los problemas.

Pero va incluso más allá a la hora de explicar que no se siguió el camino correcto. En la sentencia se viene a decir que correspondía a la Comisión de Inversiones evaluar si la operación estaba sujeta o no a control de Defensa de la Competencia, y no en cambio al propio IVF ni a la Generalitat Valenciana.

Por si fuera poco, se centra también en el hecho de que se «prescindió absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas», saltándose así un requisito importante. «Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él», se destaca en un apartado del escrito de la magistrada.

De hecho, en la sentencia se incluye que sin prescindir total y absolutamente de las reglas del procedimiento, las irregularidades y sus efectos son tales que hay que calificarlo como una actuación administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación.

El varapalo recibido es contundente. Ni Manuel Llorente como presidente del club, ni José Luis Olivas como presidente entonces de Bancaja, ni Gerardo Camps en representación de la Generalitat, ni tampoco Társilo Piles como máximo responsable de la Fundación podían imaginar en aquel agosto de 2009, cuando se anunció por todo lo alto este 'rescate', que años después se iba a llegar a esta situación.

En estos momentos cabe incluso la posibilidad de que el banco inicie un nuevo camino judicial para exigir responsabilidades ante este desaguisado. Bankia podría encargar a sus servicios jurídicos si hay argumentos suficientes para pedir posibles responsabilidades patrimoniales a aquellos que de alguna forma u otra, ya sean representantes administrativos o incluso los mismos dirigentes de la entidad, participaron en los acuerdos de 2009.

En este sentido, desde que se supo que la Fundación, al no poder sacar a la venta las acciones, tenía una incapacidad manifiesta para poder pagar los intereses generados, en cada reunión del patronato se planteaba la misma duda. Querían saber los patronos hasta dónde podía llegar su participación en la Fundación en caso de que finalmente se les exigiera algún tipo de responsabilidad. Un documento firmado por Bancaja les liberaba de cualquier tipo de situación personal.

La hoja de ruta, desfasada

De cualquier forma, todo adquiere una tonalidad diferente a partir de estos momentos. Si el Consell había decidido que fuera la Fundación la que siguiera poseyendo formalmente las acciones, Bankia puede adoptar algo parecido. Es lógico pensar que entre Generalitat y banco se intente llegar con celeridad a un acuerdo para evitar la sensación de desbarajuste accionarial. Aun así, está más presente que nunca el deseo de encontrar un inversor que alivie las necesidades económicas de unos y de otros.

Císcar lanzó el viernes un mensaje contundente a Bankia en un descarado intento de presionar a la entidad para que fuera «sensible con los valencianos». Al vicepresidente y al conseller Máximo Buch les ha tocado confeccionar (la promesa fue tenerla antes de Fallas) una hoja de ruta para ir salvando los intereses y la devolución de esos 81 millones de euros. Císcar siempre ha mantenido que la Generalitat quería aonar la mínima cantidad.

De manera paralela, Llorente se encuentra con que tiene que llegara un acuerdo con Bankia antes del 26 de marzo por los 200 millones de euros que tiene que devolver el Valencia. Aunque parezca sorprendente, es curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.

[MASTERMIND MORTAJER]

Noticia aparecida hoy en el valenciano Diario Las Provincias.

Chungo. Muy chungo lo veo. Pero muy muy chungo


Vuelta al pasado. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha triturado el actual panorama accionarial del Valencia CF, al dictar una sentencia por la cual queda anulado el aval que hace cuatro años concedió la Generalitat Valenciana a la Fundación. El fallo judicial indica el «cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas».

Es decir, salta por los aires el ya complicado escenario en el que actualmente se estaban moviendo Generalitat y Bankia, con el crédito impagado por la Fundación como caballo de batalla. La consecuencia directa de la sentencia es que el gobierno valenciano queda liberado drásticamente del aval, lo que supone un bálsamo para las arcas públicas teniendo en cuenta que todavía están pendientes de pago 81 millones de euros, con los correspondientes intereses (en total la cifra rondaría los 100 millones hasta 2015), toda una losa económica después de haber tenido que abonar 4,8 millones precisamente por los intereses de 2012.

Y la otra consecuencia es que Bankia pasa a ser de facto la nueva dueña del Valencia, ya que tras la anulación del aval del Consell no tiene más garantía que las acciones de la Fundación (70% de la propiedad).

El fallo supone un inesperado retorno al verano de 2009, fecha en la que el IVF dio el visto bueno a avalar el préstamo inicial de 75 millones de euros (luego hicieron falta otros 6 millones más al no poder hacer frente la Fundación al primer pago de intereses). En aquel momento el Valencia sólo había podido colocar en la primera ronda de la ampliación de capital social 18 millones de euros de los 92,4 que se pusieron a la venta en total. El objetivo de esta ampliación (que debía completarse en su totalidad para ser válida), era por un lado evitar con la inyección económica caer en concurso de acreedores y, al mismo tiempo, taponar el intento de acceso de Inversiones Dalport al club.

Los títulos que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general, pese a que así se llegó a planificar en un primer momento. Los compró en bloque la Fundación en una operación puesta en entredicho judicialmente por algunos accionistas. De hecho, se impugnó la ampliación en 2010 en el juzgado de lo Mercantil pero fue desestimada.

Otra querella en marcha

Mucho más reciente ha sido la presentación de una querella, que sigue en proceso, por parte de Andrés Sanchis contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles basándose en supuestos delitos de estafa, malversación y delito societario al creer que de una forma u otra «maquinaron una operación para permitir a la Fundación que se quedara con ese gran paquete de acciones».

Pero ha sido ahora cuando un grupo de socios valencianistas ha conseguido dar el mayor revolcón en la historia de la entidad y agitar todavía un poco más la ya de por sí nerviosa situación social. Estos socios aspiraban a ejercitar su derecho de suscripción preferente de las acciones que sobraron después de aquella primera oferta de ampliación. Al quedarse con las ganas porque no pudieron acceder a ninguno de los títulos, iniciaron en marzo de 2010 un litigio que tres años después ha acabado dándoles la razón, si bien cabe la opción de que el Instituto Valenciano de Finanzas presente un recurso de apelación.

A la hora de argumentar la sentencia, la magistrada-juez ofrece argumentos para fundamentar su impactante escrito. En primer lugar considera que la operación por la que el IVF avalaba no sólo era gratuita sino que, además, entrañaba ciertos riesgos. Dictamina la juez que de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana, nunca se hubieran podido asumir dichos riesgos.

Se excedieron los límites

Al respecto especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF, que era el órgano competente. Recuerda una circunstancia que ha resultado obvia en los últimos meses, como es el hecho de que no consta que la Fundación «haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas». En su día, la primera intención era que el Valencia fuera inyectado a la Fundación en concepto de donación anual más o menos el dinero que hiciera falta para pagar los intereses. La amenaza de cometer una asistencia financiera ilegal echó abajo todo el plan y empezaron los problemas.

Pero va incluso más allá a la hora de explicar que no se siguió el camino correcto. En la sentencia se viene a decir que correspondía a la Comisión de Inversiones evaluar si la operación estaba sujeta o no a control de Defensa de la Competencia, y no en cambio al propio IVF ni a la Generalitat Valenciana.

Por si fuera poco, se centra también en el hecho de que se «prescindió absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas», saltándose así un requisito importante. «Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él», se destaca en un apartado del escrito de la magistrada.

De hecho, en la sentencia se incluye que sin prescindir total y absolutamente de las reglas del procedimiento, las irregularidades y sus efectos son tales que hay que calificarlo como una actuación administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación.

El varapalo recibido es contundente. Ni Manuel Llorente como presidente del club, ni José Luis Olivas como presidente entonces de Bancaja, ni Gerardo Camps en representación de la Generalitat, ni tampoco Társilo Piles como máximo responsable de la Fundación podían imaginar en aquel agosto de 2009, cuando se anunció por todo lo alto este 'rescate', que años después se iba a llegar a esta situación.

En estos momentos cabe incluso la posibilidad de que el banco inicie un nuevo camino judicial para exigir responsabilidades ante este desaguisado. Bankia podría encargar a sus servicios jurídicos si hay argumentos suficientes para pedir posibles responsabilidades patrimoniales a aquellos que de alguna forma u otra, ya sean representantes administrativos o incluso los mismos dirigentes de la entidad, participaron en los acuerdos de 2009.

En este sentido, desde que se supo que la Fundación, al no poder sacar a la venta las acciones, tenía una incapacidad manifiesta para poder pagar los intereses generados, en cada reunión del patronato se planteaba la misma duda. Querían saber los patronos hasta dónde podía llegar su participación en la Fundación en caso de que finalmente se les exigiera algún tipo de responsabilidad. Un documento firmado por Bancaja les liberaba de cualquier tipo de situación personal.

La hoja de ruta, desfasada

De cualquier forma, todo adquiere una tonalidad diferente a partir de estos momentos. Si el Consell había decidido que fuera la Fundación la que siguiera poseyendo formalmente las acciones, Bankia puede adoptar algo parecido. Es lógico pensar que entre Generalitat y banco se intente llegar con celeridad a un acuerdo para evitar la sensación de desbarajuste accionarial. Aun así, está más presente que nunca el deseo de encontrar un inversor que alivie las necesidades económicas de unos y de otros.

Císcar lanzó el viernes un mensaje contundente a Bankia en un descarado intento de presionar a la entidad para que fuera «sensible con los valencianos». Al vicepresidente y al conseller Máximo Buch les ha tocado confeccionar (la promesa fue tenerla antes de Fallas) una hoja de ruta para ir salvando los intereses y la devolución de esos 81 millones de euros. Císcar siempre ha mantenido que la Generalitat quería aonar la mínima cantidad.

De manera paralela, Llorente se encuentra con que tiene que llegara un acuerdo con Bankia antes del 26 de marzo por los 200 millones de euros que tiene que devolver el Valencia. Aunque parezca sorprendente, es curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.

Jojojojojojojojojojojojo

Me se ha puesto muy golda, mucho. 

Mal, muy muy muy muy mal, ¿que no? O sea, que de puta madre, quiero decir, ¿no?

Qué peasso de yoyalodijeh me boi a marcar en este hilo, hamijos...

 

[MASTERMIND MORTAJER]

[Chumbaispil]

Noticia aparecida hoy en el valenciano Diario Las Provincias.

...

Aunque parezca sorprendente, es curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.

Inquietante frase final.

[pakokoSFC1905]

Al final, como Bankia es el dueño y máximo acreedor de su propia propiedad, todo queda en nada. Al tiempo.

Y si pasa algo, lo rescatamos (otra vez) y punto.

[NODO SFC 1905]

Noticia aparecida hoy en el valenciano Diario Las Provincias.

Chungo. Muy chungo lo veo. Pero muy muy chungo


Vuelta al pasado. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha triturado el actual panorama accionarial del Valencia CF, al dictar una sentencia por la cual queda anulado el aval que hace cuatro años concedió la Generalitat Valenciana a la Fundación. El fallo judicial indica el «cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas».

Es decir, salta por los aires el ya complicado escenario en el que actualmente se estaban moviendo Generalitat y Bankia, con el crédito impagado por la Fundación como caballo de batalla. La consecuencia directa de la sentencia es que el gobierno valenciano queda liberado drásticamente del aval, lo que supone un bálsamo para las arcas públicas teniendo en cuenta que todavía están pendientes de pago 81 millones de euros, con los correspondientes intereses (en total la cifra rondaría los 100 millones hasta 2015), toda una losa económica después de haber tenido que abonar 4,8 millones precisamente por los intereses de 2012.

Y la otra consecuencia es que Bankia pasa a ser de facto la nueva dueña del Valencia, ya que tras la anulación del aval del Consell no tiene más garantía que las acciones de la Fundación (70% de la propiedad).

El fallo supone un inesperado retorno al verano de 2009, fecha en la que el IVF dio el visto bueno a avalar el préstamo inicial de 75 millones de euros (luego hicieron falta otros 6 millones más al no poder hacer frente la Fundación al primer pago de intereses). En aquel momento el Valencia sólo había podido colocar en la primera ronda de la ampliación de capital social 18 millones de euros de los 92,4 que se pusieron a la venta en total. El objetivo de esta ampliación (que debía completarse en su totalidad para ser válida), era por un lado evitar con la inyección económica caer en concurso de acreedores y, al mismo tiempo, taponar el intento de acceso de Inversiones Dalport al club.

Los títulos que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general, pese a que así se llegó a planificar en un primer momento. Los compró en bloque la Fundación en una operación puesta en entredicho judicialmente por algunos accionistas. De hecho, se impugnó la ampliación en 2010 en el juzgado de lo Mercantil pero fue desestimada.

Otra querella en marcha

Mucho más reciente ha sido la presentación de una querella, que sigue en proceso, por parte de Andrés Sanchis contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles basándose en supuestos delitos de estafa, malversación y delito societario al creer que de una forma u otra «maquinaron una operación para permitir a la Fundación que se quedara con ese gran paquete de acciones».

Pero ha sido ahora cuando un grupo de socios valencianistas ha conseguido dar el mayor revolcón en la historia de la entidad y agitar todavía un poco más la ya de por sí nerviosa situación social. Estos socios aspiraban a ejercitar su derecho de suscripción preferente de las acciones que sobraron después de aquella primera oferta de ampliación. Al quedarse con las ganas porque no pudieron acceder a ninguno de los títulos, iniciaron en marzo de 2010 un litigio que tres años después ha acabado dándoles la razón, si bien cabe la opción de que el Instituto Valenciano de Finanzas presente un recurso de apelación.

A la hora de argumentar la sentencia, la magistrada-juez ofrece argumentos para fundamentar su impactante escrito. En primer lugar considera que la operación por la que el IVF avalaba no sólo era gratuita sino que, además, entrañaba ciertos riesgos. Dictamina la juez que de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana, nunca se hubieran podido asumir dichos riesgos.

Se excedieron los límites

Al respecto especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF, que era el órgano competente. Recuerda una circunstancia que ha resultado obvia en los últimos meses, como es el hecho de que no consta que la Fundación «haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas». En su día, la primera intención era que el Valencia fuera inyectado a la Fundación en concepto de donación anual más o menos el dinero que hiciera falta para pagar los intereses. La amenaza de cometer una asistencia financiera ilegal echó abajo todo el plan y empezaron los problemas.

Pero va incluso más allá a la hora de explicar que no se siguió el camino correcto. En la sentencia se viene a decir que correspondía a la Comisión de Inversiones evaluar si la operación estaba sujeta o no a control de Defensa de la Competencia, y no en cambio al propio IVF ni a la Generalitat Valenciana.

Por si fuera poco, se centra también en el hecho de que se «prescindió absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas», saltándose así un requisito importante. «Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él», se destaca en un apartado del escrito de la magistrada.

De hecho, en la sentencia se incluye que sin prescindir total y absolutamente de las reglas del procedimiento, las irregularidades y sus efectos son tales que hay que calificarlo como una actuación administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación.

El varapalo recibido es contundente. Ni Manuel Llorente como presidente del club, ni José Luis Olivas como presidente entonces de Bancaja, ni Gerardo Camps en representación de la Generalitat, ni tampoco Társilo Piles como máximo responsable de la Fundación podían imaginar en aquel agosto de 2009, cuando se anunció por todo lo alto este 'rescate', que años después se iba a llegar a esta situación.

En estos momentos cabe incluso la posibilidad de que el banco inicie un nuevo camino judicial para exigir responsabilidades ante este desaguisado. Bankia podría encargar a sus servicios jurídicos si hay argumentos suficientes para pedir posibles responsabilidades patrimoniales a aquellos que de alguna forma u otra, ya sean representantes administrativos o incluso los mismos dirigentes de la entidad, participaron en los acuerdos de 2009.

En este sentido, desde que se supo que la Fundación, al no poder sacar a la venta las acciones, tenía una incapacidad manifiesta para poder pagar los intereses generados, en cada reunión del patronato se planteaba la misma duda. Querían saber los patronos hasta dónde podía llegar su participación en la Fundación en caso de que finalmente se les exigiera algún tipo de responsabilidad. Un documento firmado por Bancaja les liberaba de cualquier tipo de situación personal.

La hoja de ruta, desfasada

De cualquier forma, todo adquiere una tonalidad diferente a partir de estos momentos. Si el Consell había decidido que fuera la Fundación la que siguiera poseyendo formalmente las acciones, Bankia puede adoptar algo parecido. Es lógico pensar que entre Generalitat y banco se intente llegar con celeridad a un acuerdo para evitar la sensación de desbarajuste accionarial. Aun así, está más presente que nunca el deseo de encontrar un inversor que alivie las necesidades económicas de unos y de otros.

Císcar lanzó el viernes un mensaje contundente a Bankia en un descarado intento de presionar a la entidad para que fuera «sensible con los valencianos». Al vicepresidente y al conseller Máximo Buch les ha tocado confeccionar (la promesa fue tenerla antes de Fallas) una hoja de ruta para ir salvando los intereses y la devolución de esos 81 millones de euros. Císcar siempre ha mantenido que la Generalitat quería aonar la mínima cantidad.

De manera paralela, Llorente se encuentra con que tiene que llegara un acuerdo con Bankia antes del 26 de marzo por los 200 millones de euros que tiene que devolver el Valencia. Aunque parezca sorprendente, es curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.

Tremendo todo, pero...

En ese rincón de locura donde se dirime la supervivencia del Valencia como club ¿una noticia como ésta que implica replanteamientos, reflexiones, reformas, reconversaciones, readaptaciones... el tiempo se gana o se pierde?

Para solucionarlo, como tiene solución a la vista, nunca se pierde, se gana porque mientras hay vida-y ahora hay que redefinirla- hay tiempo para hacer cosas o intentarlas.

De momento ¿El Valencia tiene que pagar mañana?

Desde luego, así, tarde unas semanas más o unos meses más, el Valencia carece de futuro, de vida. Hoy la tiene. De haber seguido todo sin esta decisión judicial, el horizonte parecía ciertamente finito. Ahora volverá a estarlo una vez se readecúe la situación a esta decisión judicial (y sus recursos...).

Desde luego, los valencianistas no se quejarán cuando el Valencia desaparezca o sea vendido a un jeque o a un ruso grazponiano por no haber tenido una agonía en toda regla.

[NODO SFC 1905]

Al final, como Bankia es el dueño y máximo acreedor de su propia propiedad, todo queda en nada. Al tiempo.

Y si pasa algo, lo rescatamos (otra vez) y punto.

Inviable, Bankia tiene nuevos dueños (todos porque está nacionalizada pero no mandamos ná ahí, ni Rajoy) y decisores finales, y esos decisores no son españoles siquiera.

[Chumbaispil]

Inviable, Bankia tiene nuevos dueños (todos porque está nacionalizada pero no mandamos ná ahí, ni Rajoy) y decisores finales, y esos decisores no son españoles siquiera.

Y como van a hacer para pagarse a sí mismos?

O van a vender el Valencia?

Son 200 kilos el 26 de Marzo.

[NODO SFC 1905]

Y como van a hacer para pagarse a sí mismos?

O van a vender el Valencia?

Son 200 kilos el 26 de Marzo.

Fíjate, fíjate la gracia que les va a hacer a los de negro en su próxima visita en la que vengan a hablar de los miles de millones pedidos y facilitados a la banca española y para hacer qué con ellos y cuándo.

Verás a los de negro troncharse con las explicaciones o a saber si quienes han de explicar a los de negro están ahora mismo en Andújar sudando en la ribera del Guadalquivir y tienen algo que ver con lo que está sucediendo ahí en estos momentos...

[triana es rojiblanca]

El largo y tortuoso camino con destino a nada.

Nada va a pasar al Valencia. La mafia gobernante se ocupará de que esto tenga arreglo.

[Chumbaispil]

Fíjate, fíjate la gracia que les va a hacer a los de negro en su próxima visita en la que vengan a hablar de los miles de millones pedidos y facilitados a la banca española y para hacer qué con ellos y cuándo.

Verás a los de negro troncharse con las explicaciones o a saber si quienes han de explicar a los de negro están ahora mismo en Andújar sudando en la ribera del Guadalquivir y tienen algo que ver con lo que está sucediendo ahí en estos momentos...

Si en esto estoy de acuerdo.

Y Goiri..., Goririr..., Guribibi..., bueno el presidente de Bankia agachará la cabeza, dirá sí señor, pondrá cara de bueno y preguntará: sí señor, somos una mierda, y ahora qué?

Pues eso. Ya no es de la Generalitat. Ahora es de Bankia que se convierte en acreedor y deudor alamihmavé.

Y ahora qué?

[MASTERMIND MORTAJER]

Intentando ponerme en serio ya, retomando debates pasados en este hilo, para mí siempre fue muy difícil el apostar a que este mochuelo se lo iba a jamar la Generalitat. En los tiempos que corren, con la mierda al cuello con que vivimos el 90% de los españoles, con los erarios públicos en la situación de liquidación por cierre y derribo que padecemos, era impensable valorar como posible el que el gobierno valenciano apechugase con este muerto.

Hace diez años hasta habrían utilizado este marronazo como argumento político, para presumir ante los valencianos de que habían salvado a todo un símbolo y un patrimonio como el Valencia. Pero hoy, con la que está cayendo, imposible. Cargar con el Valencia es ponerse la soga al cuello, sin nigún paliativo.

¿Y ahora qué? ¿A qué apostamos?

Pues ahora, si realmente Bankia es el dueño de la SAD, yo apuesto -como apostaba hace muchos meses ya- a que la Ley Concursal es la única vía que no deja con el culo completamente al aire -más todavía, digo- a la puta entidad bancaria de los cojones. Si Bankia posee el 50% de la deuda del Valencia FC SAD, puede forzar a la entidad a acogerse a una situación de Concurso Necesario, asumiendo de facto el control del Valencia, por completo. Si eso sucediese, Bankia casi que podría garantizarse -en un horizonte de largo plazo, contando con la supervivencia del club- el recuperar toda (o casi toda) la deuda que mantiene con el Valencia; algo que, ni de lejos, podrán decir el resto de acreedores de la entidad, que tendrían que asumir el plan de viabilidad que Bankia impusiese por cojones. Por cojones y con la quita a su deuda y en el plazo que a bankia le saliese de los cojones.

Veremos a ver qué pasa. Ya os digo, yo no veo ninguna otra salida, pero ni de lejos soy un experto.

Eso sí, lo que os garantizo es que nos vamos a partir la polla. Eso seguro.

[ADiaz Photo]

Magnífica noticia porque el niño está harto garbanzos y va a largar.  Ahí me las den todas.